El Aguardiente Sin Azúcar Amarillo de Manzanares 24°, también conocido como Aguardiente Amarillo, es uno de los productos más destacados de la Industria Licorera de Caldas (ILC), junto con el Ron Viejo de Caldas y el Aguardiente Cristal. Aunque este licor puede ser adquirido en varios departamentos del país, su distribución y comercialización del aguardiente se encuentra bloqueado en Bogotá, Cundinamarca y otras regiones del país.
Los problemas en la distribución y venta del Aguardiente Amarillo en Cundinamarca, Bogotá y otras áreas se deben a los requisitos que las industrias licoreras deben obtener de los gobernadores para vender sus productos en diferentes departamentos. Estos permisos tienen una duración de 10 años y pueden ser renovados. La ILC ha explicado en un comunicado que estos permisos no pueden ser discriminatorios ni generar barreras de acceso o restricciones arbitrarias al libre comercio o a la libre competencia. Según la Ley de Licores (Ley 1816 de 2016), los permisos se aplican de manera general a todas las empresas que deseen ingresar aguardientes a diferentes territorios.
En el caso específico de Cundinamarca, la Industria Licorera de Caldas (ILC) se le otorgó un permiso en 2017 que incluía al Aguardiente Amarillo. Sin embargo, el pasado 6 de junio de 2023, la Dirección de Rentas y Gestión Tributaria, adscrita a la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, emitió la Resolución 797 revocando la autorización de ingreso de este producto al departamento.
La ILC ha expresado su inconformidad y considera que la revocación del permiso se llevó a cabo de manera arbitraria, ya que no se siguió el proceso legal establecido para tal fin. Además, la ILC afirma que no se les otorgaron los recursos de apelación y reposición necesarios para impugnar esta decisión. La ILC anunció que tomará acciones legales para solicitar la nulidad de la Resolución 797.
Pérdidas para la Industria Licorera de Caldas
La ILC se enfrenta a grandes pérdidas debido a la prohibición de venta del Aguardiente Amarillo en Bogotá, Cundinamarca y otros departamentos importantes como Antioquia, Valle, Huila, Caquetá y Cauca. Según el Gerente de la ILC, estas restricciones se deben a "vacíos en la Ley colombiana que obstaculizan el desarrollo de la industria de licores en el país".
La decisión de Cundinamarca de bloquear la venta del Aguardiente Amarillo resulta en pérdidas significativas, estimadas en 73.000 millones de pesos en impuestos este año, afectando los recursos destinados a la salud de los colombianos.
Además, la ILC proyecta una pérdida de al menos 55.000 millones de pesos en ingresos por ventas y se estima que se dejarán de vender al menos 5 millones de unidades durante el resto del año. Estas cifras representan un impacto considerable en la economía de la ILC y en su capacidad para generar recursos para la salud y el desarrollo del país.
Un control político desmedido, anacrónico y carente de supervisión
La venta de licores en Colombia está regulada por los departamentos, especialmente a través del Departamento de Rentas de cada gobernación. Estas entidades tienen la responsabilidad de establecer normas y regulaciones para la venta y distribución de licores en su área de jurisdicción. Esto incluye la emisión de licencias, el control de impuestos, la emisión de estampillas y la supervisión de los establecimientos de venta y la implementación de medidas para promover un consumo responsable.
Sin embargo, es importante destacar que la falta de un control efectivo y la diversidad de regulaciones pueden generar situaciones de contrabando interdepartamental. Esta situación implica que los recursos generados por los impuestos al licor no se recojan de manera adecuada, lo que afecta negativamente los fondos destinados a la salud y la educación, entre otros fines previstos.
Es fundamental que se fortalezcan los mecanismos de control y se implementen políticas eficaces para combatir el contrabando y garantizar la recaudación adecuada de los impuestos al licor. Esto permitiría asegurar que los recursos se destinen correctamente a los programas y servicios esenciales para el bienestar de la sociedad.
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